Aún y cuando en la Grecia antigua, la democracia era pura o directa, ya
que se materializaba con la participación del pueblo legitimado para ello en
las asambleas, de conformidad con Ugalde (2002), los primeros antecedentes de
la rendición de cuentas acontecieron en aquella época (p. 41).
Tales mecanismos eran precisamente: el ostracismo (deliberación en la asamblea para elegir entre dos
proyectos de política pública, pero servía también como un mecanismo de voto de
confianza); el euthinay (proceso por
el cual se revisaban las cuentas de fondos públicos administradas por algún
funcionario al término de su gestión); el eisangelia
y el aphofasis (mecanismos por los
cuales se culpaba y eventualmente se reprimía la conducta criminal por delitos
políticos como la traición o el intento por derrocar el sistema democrático); y
el graphe paranomon (era un mecanismo
de protección contra el mayoritarismo en la asamblea) (Ugalde, 2002, p. 41).
El advenimiento de la rendición de cuentas tuvo su mayor auge en las
democracias de carácter representativo, en las que existe necesariamente un
sistema de pesos y contrapesos que surgió con la Constitución de los Estados
Unidos de Norteamérica de 1789 (Ugalde, 2002, p. 81).
Este sistema de pesos y contrapesos constituye lo que comúnmente conocemos
como la división de poderes, en donde el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial
tienen la misma jerarquía, son independientes unos de otros y están conformados
por ciudadanos que en estricto sentido deberían ser electos por el pueblo, pues
es en éste en donde radica la soberanía.
Lo anterior, debido a que en este tipo de democracias, se materializa un
mandato; es decir, un encargo de los ciudadanos a los servidores públicos del
Estado, con la finalidad de que éstos lleven a cabo una serie de funciones consagradas
en las leyes para alcanzar el bien común. Por lo tanto, resulta importante que
los funcionarios no sobrepasen aquello que están destinados a realizar en el
marco del sistema normativo que ha creado el poder legislativo y sancionado por
el ejecutivo.
En México, fue en la Constitución de 1824 (la cual tenía antecedentes norteamericanos),
en donde se previó por primera vez la división de poderes y en donde se
estableció la obligación del poder ejecutivo de rendir cuentas ante el parlamento
a través de un informe anual (Ugalde, 2002, p. 47). A partir de entonces, las
leyes supremas de nuestro país han establecido reglas y directrices para
reforzar el sistema de pesos y contrapesos, así como para diseñar mecanismos de
rendición de cuentas entre instituciones del Estado.
Es por ello que hoy en día, los funcionarios del ejecutivo federal o de
los órganos constitucionales autónomos pueden ser llamados ante alguna de las cámaras
del Congreso de la Unión a informar y explicar sus actos ante la máxima tribuna
del país. Asimismo, la Auditoria Superior de la Federación, se ha constituido
como el máximo órgano fiscalizador de la nación, ya que debe verificar que el
gasto del presupuesto federal se realice de manera eficiente, eficaz y
transparente.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que aparentemente está realizando
el Estado, se considera lejano el día en que exista una rendición de cuentas
real entre los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial), pues
a paso de cangrejo, el propio poder legislativo ha auspiciado normas para
proteger a altos funcionarios, y si no es a través de ellas, lo hace por medio
de la conveniencia política y la negociación.
Para muestra un ejemplo, el 1º de septiembre el Presidente Enrique Peña
Nieto entregó al Congreso de la Unión, por medio del Secretario de Gobernación
su cuarto informe de gobierno, en ese acto, se pudo apreciar la entrega de un
documento formal y posteriormente un “conversatorio” entre el Presidente de la
República y un grupo de jóvenes debidamente seleccionados por el mismo gobierno
federal. Lo que debería ser el más claro ejemplo de la rendición de cuentas en una
democracia representativa, se transformó en una estrategia política y en un
show mediático.
Luego entonces, no fue posible apreciar la figura presidencial frente
a la máxima tribuna, respondiendo y explicando lo ocurrido en Oaxaca y Chiapas con
el conflicto magisterial, tampoco su actuación en casos como Ayotzinapa y
Tlatlaya, ni sus decisiones en materia de seguridad nacional o política
exterior, por citar solo algunos temas. Es decir, se cumplió con la entrega de información, pero: ¿Dónde quedaron las explicaciones y
justificaciones a la población (a través de sus representantes)?, la respuesta
es sencilla, en las malas decisiones de los legisladores que facilitaron la reforma
constitucional, que hoy en día, exime al Presidente de la República a someterse
a un ejercicio de rendición de cuentas, básico del sistema de pesos y
contrapesos de la democracia representativa.
No es posible ser injusto y dejar al Presidente de la
República toda la responsabilidad sobre la ausencia de rendición de cuentas ante
el Congreso de la Unión, pues como se dijo, también la tienen los legisladores,
que no solo han creado normas para beneficiar al Presidente (grupos
parlamentarios afines a él), sino que no se han sabido comportar a la altura de
una democracia representativa consolidada (grupos parlamentarios opositores),
en la que existe una seriedad en la asamblea y no un desgarre de vestiduras acompañado
de abruptas descalificaciones y ofensas innecesarias.
Así, los mexicanos nos hemos perdido de la rendición de cuentas que
debe ofrecer el funcionario más importante que administra el país y tenemos que
conformarnos con un evento manipulado, en el que seguramente se destinan
grandes cantidades de recursos públicos.
El sinsentido de los mecanismos de rendición de cuentas entre
autoridades, obliga a volear al inicio; es decir, a lo que ocurría en la democracia
de los antiguos griegos, en donde la participación directa de los ciudadanos
tornaba indispensable para sanear el sistema gubernamental. Es por ello, que los
ciudadanos deben ser proactivos y solicitar su inclusión en los procedimientos
de rendición de cuentas, en los que puedan preguntar y solicitar explicaciones
de los actos tomados por el Estado y no una simulación gubernamental.
Para lograrlo, resulta importante la labor de la sociedad civil
organizada, desde ahí, se debe ejercer presión para incentivar el uso de la
iniciativa popular y la consulta ciudadana, exigir el plebiscito y el referéndum,
y solicitar su participación en las asambleas legislativas que tengan por
objeto la rendición de cuentas a servidores públicos de los tres niveles de
gobierno, de los tres poderes y de los órganos constitucionales autónomos, éstos
últimos que constituyen un experimento gubernamental que hay que cuidar y
seguir puntualmente.
Referencias
UGALDE, LC. (2002). Rendición de
cuentas y democracia. El caso de México. México: IFE, recuperado de: http://www.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/Cuadernos_Divulgacion_DECEYEC/docs_es
