GOBIERNO ABIERTO

Las políticas del Gobierno Abierto (GA), tienen su antecedente en septiembre de 2010, cuando en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Barack Obama, subrayó la necesidad de realizar esfuerzos específicos con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas, solicitando compromisos por parte de los Estados para promover la transparencia, combatir la corrupción y dinamizar las posibilidades efectivas de participación y control del ciudadano[1].

Para comprender la política del GA, resulta indispensable aludir a sus cuatro objetivos fundamentales[2]: 1) Mejorar los servicios públicos; 2) Aumento en la integridad pública; 3) Manejo de recursos públicos con mayor eficiencia y eficacia, y 4) Aumento de la rendición de cuentas.   

En los foros o eventos organizados por los países adeptos a la propuesta de los Estados Unidos de Norteamérica, como la Cumbre de Gobierno Abierto que se realiza en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), se evoca a la idea de que las políticas del GA deben basarse en los principios de transparencia, colaboración, participación ciudadana y la innovación a partir del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Es por ello que los países integrantes de la AGA, se comprometen a través de lo que denominan planes de acción, a crear programas y proyectos para cumplir con los principios del GA.  

 

Martínez (citado en Hofmann, 2012), enfatiza que el gran protagonista del GA sería el ciudadano (pp. 138 y 139), ya que se trata de una acepción que lo acerca más a la toma de decisiones, tanto como individuo como a nivel grupal, ya que se consigue que este participe de manera activa o inactiva. (p. 143)

Este mismo autor, advierte que el nuevo paradigma trae consigo la evolución del concepto ciudadanía, pues en una idea de gobernabilidad, se refiere, sobre todo, a una relación funcional entre gobierno y gobernados, que permite el desarrollo nacional. (p. 152)

Sin embargo, más que en un panorama de gobernabilidad, lo correcto sería en uno de nueva gobernanza, en donde el gobierno no tiene el rol dominante de la toma de decisiones, ya que la sociedad se ha organizado para participar en los asuntos públicos y para vigilar las acciones de las autoridades en torno a las funciones que les han sido encomendadas, así como sobre el gasto de los recursos públicos que tienen a su disposición.      

No obstante ello, en países como el nuestro, se han consolidado diversos órganos no gubernamentales, asociaciones civiles y grupos de ciudadanos que tratan de influir en la esfera pública y de presionar al Estado para que sean incluidos en los debates parlamentarios, especialmente en aquellos en que se toman decisiones que podrían cambiar el rumbo del país. Sin embargo, sigue imperando una apatía ciudadana mayúscula. Los individuos desorganizados no participan como se desea en una democracia participativa, apenas acuden a las urnas a emitir su voto electoral. Pareciera que no existe una preocupación por el bienestar común, lo cierto es que dicha problemática, se debe por mucho, a la pérdida de confianza en las instituciones.  

Es por ello, que el gran escenario prometedor del GA consiste precisamente en que, además de los individuos asociados u organizados por causas específicas, se dé cabida a los ciudadanos como individuos. (Martínez citado en Hofmann, 2012, p.155)

Por ende, la sociedad civil organizada tiene un gran trabajo que hacer, por un lado, seguir luchando por su inclusión a través de los mecanismos y principios del GA, al tiempo que deben poner en marcha su creatividad para combatir la apatía del ciudadano individual e incentivar su participación social.    

Bajo ese contexto, a continuación se citan algunos ejemplos que dan cuenta de la labor que se están haciendo a nivel internacional para aplicar los principios del GA:

Chile

Bajo los principios del GA, el Estado chileno creó un mecanismo de consultas ciudadanas. Las cuales son instancias que pretenden incorporar la opinión de la ciudadanía respecto de una determinada política, plan, programa o proyecto gubernamental.

Estas pueden realizarse en cualquier momento del ciclo de la política pública: en las fases propuestas de ideas, diseño, implementación, evaluación y reformulación.

Los temas de las consultas pueden ser definidas por los servicios públicos (de oficio) o por los ciudadanos (a petición de parte), y la forma cómo esto se implementa en cada ministerio o servicio público debe estar definida en sus normas de participación ciudadana.

Los Ministerios y servicios públicos pueden realizar sus consultas ciudadanas a través de las ventanillas virtuales de opinión, diálogos participativos u otras metodologías que estimen pertinentes.

Por ejemplo, en el caso de “Experiencia de los beneficiarios del crédito cae en la etapa de pago”, la consulta ciudadana, proporciona información sobre las alternativas de financiamiento para carreras técnicas y profesionales. A partir de ello, el propósito es recoger la opinión y conocer las necesidades de información que tienen los deudores del Crédito con Garantía Estatal (CAE) y la ciudadanía en general, sobre el pago de este financiamiento para estudios superiores, y los medios a través de los cuales prefieren ser informados. 

Ayuntamiento de Zaragoza, España-Juntas Municipales y Vecinales

Se trata de un portal de internet que cuenta con datos abiertos sobre localización, organización, plenos, tramites, presupuesto participativo, equipamientos, asociaciones, indicadores, blogs ciudadanos y webs de interés social.

El presupuesto participativo pretende consolidarse como una de las señas de identidad de la junta Municipal de Santa Isabel y tiene como principal objetivo la participación directa de los vecinos y vecinas con el fin de establecer las principales necesidades del barrio e incluirlas en el presupuesto anual de la junta priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados.

Con este proceso se pretende conseguir que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos y decisiones sino que participe de forma directa, que se convierta en protagonista activa de lo que ocurre en el barrio profundizando así en la democracia participativa. Fomentar la reflexión, activa y la cooperación por cuanto los vecinos y vecinas tienen la oportunidad de conocer, analizar y dialogar sobre los problemas y demandas del resto, así como mejorar la transparencia y la comunicación entre la Administración y la ciudadanía.

Uruguay: “Hecho para Jóvenes”

El Portal Web constituye una herramienta clave para jerarquizar e integrar los programas que diversos organismos públicos ofrecen a la población joven. Se constituye como un portal dinámico, accesible y actual. Es una puerta de entrada a programas y noticias vinculadas a la juventud y que posteriormente posibilitará el intercambio de información, la participación y rendición de cuentas a nivel ciudadano.

La lógica de funcionamiento implica que todos los actores generadores de programas dirigidos a jóvenes cuenten con un espacio en donde difundir, convocar e informar en tiempo real; destacando los programas grabados con el sello “Hecho para Jóvenes”.

Referencias

Alianza para el Gobierno Abierto del Estado de Morelos, http://gobiernoabiertomorelos.org/antecedentes.html   

Alianza Gobierno Abierto México, recuperado de: http://aga.ifai.mx/SitePages/DefinicionGob.aspx

Ayuntamiento de Zaragoza, recuperado de: http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/juntas/110/enlace/gobierno-abierto/participar/presupuestossantaisabel.htm

Gobierno Abierto Chile, recuperado de: http://www.gobiernoabierto.gob.cl/consulta/43

HOFMANN, A; RAMÍREZ, A. y BOJÓRQUEZ, JA. (Coords.) (2012). “La Promesa del Gobierno Abierto”. México: ITAIP e INFODF, recuperado de: http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/La%20promesa%20del%20Gobierno%20Abierto.pdf

Mirador de Gobierno Abierto de Uruguay, recuperado de: http://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/faces/detalle.xhtml?proy_id=1859

Plan de Acción de México 2013-2015, recuperado de: http://pa2015.mx/ 

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[1] http://gobiernoabiertomorelos.org/antecedentes.html

[2] http://aga.ifai.mx/SitePages/DefinicionGob.aspx

Historia de la rendición de cuentas en la vida democrática de México

Aún y cuando en la Grecia antigua, la democracia era pura o directa, ya que se materializaba con la participación del pueblo legitimado para ello en las asambleas, de conformidad con Ugalde (2002), los primeros antecedentes de la rendición de cuentas acontecieron en aquella época (p. 41).

  

Tales mecanismos eran precisamente: el ostracismo (deliberación en la asamblea para elegir entre dos proyectos de política pública, pero servía también como un mecanismo de voto de confianza); el euthinay (proceso por el cual se revisaban las cuentas de fondos públicos administradas por algún funcionario al término de su gestión); el eisangelia y el aphofasis (mecanismos por los cuales se culpaba y eventualmente se reprimía la conducta criminal por delitos políticos como la traición o el intento por derrocar el sistema democrático); y el graphe paranomon (era un mecanismo de protección contra el mayoritarismo en la asamblea) (Ugalde, 2002, p. 41).

El advenimiento de la rendición de cuentas tuvo su mayor auge en las democracias de carácter representativo, en las que existe necesariamente un sistema de pesos y contrapesos que surgió con la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1789 (Ugalde, 2002, p. 81).

Este sistema de pesos y contrapesos constituye lo que comúnmente conocemos como la división de poderes, en donde el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial tienen la misma jerarquía, son independientes unos de otros y están conformados por ciudadanos que en estricto sentido deberían ser electos por el pueblo, pues es en éste en donde radica la soberanía.   

Lo anterior, debido a que en este tipo de democracias, se materializa un mandato; es decir, un encargo de los ciudadanos a los servidores públicos del Estado, con la finalidad de que éstos lleven a cabo una serie de funciones consagradas en las leyes para alcanzar el bien común. Por lo tanto, resulta importante que los funcionarios no sobrepasen aquello que están destinados a realizar en el marco del sistema normativo que ha creado el poder legislativo y sancionado por el ejecutivo.

En México, fue en la Constitución de 1824 (la cual tenía antecedentes norteamericanos), en donde se previó por primera vez la división de poderes y en donde se estableció la obligación del poder ejecutivo de rendir cuentas ante el parlamento a través de un informe anual (Ugalde, 2002, p. 47). A partir de entonces, las leyes supremas de nuestro país han establecido reglas y directrices para reforzar el sistema de pesos y contrapesos, así como para diseñar mecanismos de rendición de cuentas entre instituciones del Estado.

Es por ello que hoy en día, los funcionarios del ejecutivo federal o de los órganos constitucionales autónomos pueden ser llamados ante alguna de las cámaras del Congreso de la Unión a informar y explicar sus actos ante la máxima tribuna del país. Asimismo, la Auditoria Superior de la Federación, se ha constituido como el máximo órgano fiscalizador de la nación, ya que debe verificar que el gasto del presupuesto federal se realice de manera eficiente, eficaz y transparente.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que aparentemente está realizando el Estado, se considera lejano el día en que exista una rendición de cuentas real entre los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial), pues a paso de cangrejo, el propio poder legislativo ha auspiciado normas para proteger a altos funcionarios, y si no es a través de ellas, lo hace por medio de la conveniencia política y la negociación.

Para muestra un ejemplo, el 1º de septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto entregó al Congreso de la Unión, por medio del Secretario de Gobernación su cuarto informe de gobierno, en ese acto, se pudo apreciar la entrega de un documento formal y posteriormente un “conversatorio” entre el Presidente de la República y un grupo de jóvenes debidamente seleccionados por el mismo gobierno federal. Lo que debería ser el más claro ejemplo de la rendición de cuentas en una democracia representativa, se transformó en una estrategia política y en un show mediático.

Luego entonces, no fue posible apreciar la figura presidencial frente a la máxima tribuna, respondiendo y explicando lo ocurrido en Oaxaca y Chiapas con el conflicto magisterial, tampoco su actuación en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, ni sus decisiones en materia de seguridad nacional o política exterior, por citar solo algunos temas. Es decir, se cumplió con  la entrega de información, pero: ¿Dónde quedaron las explicaciones y justificaciones a la población (a través de sus representantes)?, la respuesta es sencilla, en las malas decisiones de los legisladores que facilitaron la reforma constitucional, que hoy en día, exime al Presidente de la República a someterse a un ejercicio de rendición de cuentas, básico del sistema de pesos y contrapesos de la democracia representativa.  

      

No es posible ser injusto y dejar al Presidente de la República toda la responsabilidad sobre la ausencia de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión, pues como se dijo, también la tienen los legisladores, que no solo han creado normas para beneficiar al Presidente (grupos parlamentarios afines a él), sino que no se han sabido comportar a la altura de una democracia representativa consolidada (grupos parlamentarios opositores), en la que existe una seriedad en la asamblea y no un desgarre de vestiduras acompañado de abruptas descalificaciones y ofensas innecesarias.

Así, los mexicanos nos hemos perdido de la rendición de cuentas que debe ofrecer el funcionario más importante que administra el país y tenemos que conformarnos con un evento manipulado, en el que seguramente se destinan grandes cantidades de recursos públicos.

El sinsentido de los mecanismos de rendición de cuentas entre autoridades, obliga a volear al inicio; es decir, a lo que ocurría en la democracia de los antiguos griegos, en donde la participación directa de los ciudadanos tornaba indispensable para sanear el sistema gubernamental. Es por ello, que los ciudadanos deben ser proactivos y solicitar su inclusión en los procedimientos de rendición de cuentas, en los que puedan preguntar y solicitar explicaciones de los actos tomados por el Estado y no una simulación gubernamental.

Para lograrlo, resulta importante la labor de la sociedad civil organizada, desde ahí, se debe ejercer presión para incentivar el uso de la iniciativa popular y la consulta ciudadana, exigir el plebiscito y el referéndum, y solicitar su participación en las asambleas legislativas que tengan por objeto la rendición de cuentas a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes y de los órganos constitucionales autónomos, éstos últimos que constituyen un experimento gubernamental que hay que cuidar y seguir puntualmente.      

Referencias

UGALDE, LC. (2002). Rendición de cuentas y democracia. El caso de México. México: IFE, recuperado de: http://www.ine.mx/docs/Internet/Biblioteca_Virtual_DECEYEC/deceyec_DECEYEC/Cuadernos_Divulgacion_DECEYEC/docs_es

¿Qué es la democracia?

¿Por qué es importante la rendición de cuentas en la consolidación de la democracia?

José Antonio Crespo (2001), afirma que la democracia lejos de sugerir la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, grita su profunda desconfianza (p. 19). Dicha afirmación resulta aplicable en una democracia en formación como la nuestra, donde a menudo se descubren actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

Si bien es cierto que la democracia mexicana está evolucionado en cuanto a las reglas del juego político-electoral, lo que facilitó en cierta medida la alternancia en la elección presidencial del año 2000, así como la existencia de una pluralidad política, dichas condiciones no son suficientes para contar con un gobierno eficaz, ético y responsable (Solares, 2004, p. 127). 

Desafortunadamente, los partidos políticos “alternativos” han dado muestra de las mismas mecánicas deshonestas con las que se venía conduciendo el partido hegemónico, dan cuenta de ello los siguientes ejemplos:    

•        Se publicó un video donde el empresario de apellido Ahumada le entregaba al perredista René Bejarano millonarias cantidades de dinero, por lo que el entonces coordinador de su fracción y presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), solicitó licencia al cargo de diputado para que las autoridades judiciales puedan investigar y deslindar responsabilidades (La Jornada 04 de marzo  de 2004).
•             En 2004 vincularon a Jorge Emilio González Martínez “El niño verde” con actos de corrupción, luego de que se publicara una videograbación entre él y un intermediario de un grupo de inversionistas en la que aceptaba una oferta por dos millones de dólares para la creación de hoteles dentro del corredor turístico de Cancún, Quintana Roo. Posteriormente fue absuelto. (Aristegui Noticias del 19 de febrero de 2013).
•       El exgobernador panista del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue sentenciado por uso indebido del ejercicio público y peculado (La Jornada 23 de diciembre de 2015).    

Las experiencias negativas en la gestión de algunos funcionarios, especialmente en el uso de recursos públicos, desencadenaron un nuevo paradigma, en el que se involucran diversos instrumentos jurídico-políticos (por así llamarlos), dentro de los que se halla: la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos, entre otros.

De manera particular, la rendición de cuentas ha figurado como el esquema a seguir para sanar la democracia, ya que va más allá del simple control y fiscalización de los recursos públicos (Solares, 2004, p. 132), pues en ella se concentran los elementos esenciales para poner al descubierto y someter al escrutinio a todos los servidores públicos: información sobre las acciones tomadas; obligación de explicar y justificar sus actos; y el castigo para quienes actúen de manera deshonesta (Schedler, 2003, p.12).    

Ahora bien, si bien es cierto que el Estado ha creado reglas para que exista una “rendición de cuentas” entre instituciones gubernamentales; es decir, entre los poderes de la unión, con la finalidad de que el ejercicio sea rotatorio e implique lo que la doctrina denomina como el sistema de pesos y contrapesos, se considera que una rendición de cuentas eficaz, necesita obligatoriamente de la participación de los individuos, pues como afirma John Ackerman (2006), la rendición de cuentas es mucho más efectiva cuando los actores sociales llevan la batuta en el proceso (p. 18).

Lo anterior, en virtud de que la independencia entre vigilantes y vigilados, cuando ambos corresponden al sector gubernamental, resulta sumamente difícil lograr en un país como el nuestro, en donde la designación de los vigilantes está a cargo de los mismos poderes públicos, propiciando la politización de las designaciones y el temor de los vigilantes sobre su futuro político, el cual pende de su comportamiento en el cargo que le han conferido.      

En ese sentido, los servidores públicos encargados de sustanciar procedimientos de responsabilidades o de imponer sanciones, actúan tibiamente, tratando de evadir conflictos con los órganos facultados para decidir sobre los nombramientos de puestos estratégicos (ministros, magistrados, comisionados, consejeros, titulares de órganos autónomos, etc.).        

Por lo tanto, no cabe duda que la rendición de cuentas es un elemento indispensable para la consolidación de las democracias; sin embargo, en una como la nuestra, donde no se cuenta con una confianza institucional sólida, necesariamente se requiere la participación de los ciudadanos, con la finalidad de que vigilen al vigilante, pues como se dijo, únicamente con este elemento se puede lograr la efectividad de la rendición de cuentas. 

Es decir, para que la rendición de cuentas alcance sus objetivos, resulta indispensable que se diseñe un sistema institucional con las cualidades de eficacia que Tinajero (2006) menciona: transparencia, answerability, enforcement, espíritu de vigilancia y medición del desempeño. Además, la obligación de explicar y justificar las decisiones tomadas, así como la participación ciudadana.

Referencias

ACKERMAN, J. (2006). Estructura Institucional para la Rendición de Cuentas, lecciones Internacionales y Reformas Futuras. Serie Cultura de la Rendición de Cuentas 9, México: AF, recuperado de: http://siare.clad.org/fulltext/2129400.pdf

ALATORRE, J. (2006). El papel de la transparencia y rendición de cuentas en la consolidación democrática. México: Acta Republicana Política y Sociedad. Año 5 N°5, recuperado de: http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/republicana/pdf/ActaRep05/8.pdf

CRESPO, J. (2001). Fundamentos políticos de la rendición de cuentas, en Cultura de la Rendición de Cuentas, núm. 1, México: ASF, recuperado de: http://centro.paot.mx/documentos/varios/rendicion_cuentas.pdf

SCHEDLER, A. (2008). Que es la Rendición de Cuentas. México: IFAI, recuperado de: http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/cuadernillo3.pdf

SOLARES, M. (2004). La Auditoría Superior de la Federación: antecedentes y perspectiva jurídica. México: IIJUNAM, recuperado de: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1327

TINAJERO, G. (2006). La Glosa del informe de gobierno: Un instrumento para la rendición de cuentas. Diseño institucional en el estado de Jalisco, periodo 2003 -2005. Tesis (Maestría en Gestión Pública), México: UDG.

Hemerografía

Nota periodística de Aristegui Noticias del 19 de febrero de 2013, recuperada de: http://aristeguinoticias.com/1902/mexico/escandalos-del-nino-verde/

Nota periodística de la Jornada de fecha 23 de diciembre del 2015, recuperada de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/23/dictan-2-anos-de-prision-contra-exgobernador-de-aguascalientes-2847.html   

 Nota periodística de la Jornada de fecha 04 de marzo del 2004, recuperada de: http://www.jornada.unam.mx/2004/03/04/005n1cap.php?printver=1&fly=